Por Oscar Puebla, arquitecto y broker inmobiliario. El autor se refiere a las posibles modificaciones a la ley de alquileres.
Cuando me preguntan qué pienso sobre las posibles modificaciones a la ley de alquileres, dijo parafraseando a Mario Bunge: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Pero ¿de qué está hecho el trecho? ¿Y cuál es el mecanismo que media entre intención y acción?
Veamos, sin duda el hecho que se acepte que algo está mal y exista la intención de mejorarlo suena bien, pero si miramos la macro del verdadero problema estamos pensando en mejorar los síntomas, sin ocuparnos de lleno en las causas; o sea tapar el sol con las manos.
Esta ley que fue modificada hace poco no contemplaba la indexación, palabra antigua que fue dejada de usar luego de la ley de convertibilidad, donde un peso era igual a un dólar, cuando nos despertamos de ese sueño 2001/2002, un dólar era igual a cuatro pesos, no había inflación, equilibrio fiscal, un favorable viento de cola, pero, lamentablemente, de a poco la inflación volvió y como no se podía indexar la gente se puso de acuerdo y dividió los contratos en cuotas ajustables cada seis meses.
En todos estos años no hubo de parte de los gobiernos de turno un incentivo real a los desarrolladores e inversionistas a construir viviendas con el único fin de ser locadas, ahora vamos a cambiar los plazos y la forma de actualizar los alquileres, bla, bla, bla, pero no se resuelve el verdadero problema, que es la baja capacidad de pago de los inquilinos, por la pérdida de empleos, la caída en el salario real y la alta inflación.
El problema de acceso a una vivienda propia o alquilada sigue sin resolverse. Se podría poner sobre la mesa también, que para mejorar los valores de las locaciones está el alto índice de impuestos, expensas, bienes personales con las que cargan los propietarios, que no son grandes terratenientes, son personas comunes hoy tal vez jubilados que en su momento con un buen salario compraron un departamento tipo casa en Pompeya para acompañar a la futura jubilación. Los participantes de este problema son a mi entender (por un lado y del mismo lado) propietarios e inquilinos y del otro el Gobierno y no veo que el último esté pensando en poner plata de su bolsillo.
El Parlamentario
1 Diciembre, 2021
